La Defensa Pública no es un privilegio ni un lujo. Es una obligación del Estado y un derecho de toda la ciudadanía.
Esta frase se destaca en el comunicado de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) que expresó su “profunda preocupación” por el Proyecto de Ley N° 561 presentado ante la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz.
Este proyecto “propone la eliminación del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría General, mediante reformas a la Ley Orgánica de la Justicia Provincial, al restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, quien será secundado por el Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y el Defensor Público Oficial ante el Tribunal Superior de Justicia”.
ADePRA cuestionó la pretendida reforma porque “vulnera, además, los principios elementales del sistema acusatorio, debilitando el rol de quienes ejercen la Defensa Pública y afectando el acceso a la justicia, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, víctimas de violencia de género e institucional, entre otros”.
“Esta iniciativa representa un grave retroceso institucional, contrario al artículo 6 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y al artículo 120 de la Constitución Nacional, que garantizan la autonomía y la vigencia de la Defensa Pública como órgano independiente del Estado”, sostuvieron desde la entidad que agrupa defensores públicos a lo largo y ancho del país presidida por el defensor salteño, Adolfo Sánchez Alegre.
El rol de la defensa pública
La institución destacó en el comunicado “la importancia de contar con Defensas Públicas autónomas, eficientes y libres de injerencias indebidas como garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley ha sido reconocida en numerosas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
ADePRA sostuvo que “el respeto a la autonomía de la Defensa Pública es la base sobre la que se puede construir la plena y efectiva vigencia de la Garantía de Defensa en Juicio consagrada por nuestra Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional en nuestro país”.
Y como cierre, la entidad exhorta a las autoridades provinciales al retiro del proyecto de ley y el respeto a la institucionalidad de la Defensa Pública, instando al diálogo, la prudencia, y el mantenimiento del orden constitucional.