Ante la situación manifestada por la Asociación Civil de Defensores Públicos de la Provincia de Santa Fe y la Asociación de Defensores Públicos Penales Centro Norte de Santa Fe, desde ADePRA bregamos para que la Defensa Pública en todo el territorio de la República Argentina pueda actuar garantizando el acceso a la justicia de los más vulnerables, en miras a lograr una defensa cierta, efectiva, adecuada y sustancial de los derechos de los asistidos.
Ambas entidades provinciales emitieron un comunicado titulado «Sin Defensa no hay Justicia « en el cual manifestaron que «Las acciones de quienes ostentan ocasionalmente el poder político provincial revelan un claro propósito de disciplinamiento a la administración de justicia intentando, a través del vaciamiento de recursos y el desprestigio social, sojuzgar a quienes tienen como función garantizar derechos fundamentales de la población, comprometiendo irresponsablemente al Estado Argentino por eventuales violaciones a normas internacionales y desamparar a sujetos vulnerados».
Ambas entidades provinciales santafesinas de la Defensa Pública expresaron que «(…) asumimos y enfrentamos la realidad cotidiana y los problemas derivados de la inseguridad con la cual también nos toca convivir. Sin embargo, convencidos de que un camino respetuoso del sistema democrático y republicano de gobierno, de equiparación de fuerzas y de respeto a las instituciones, es el idóneo para el abordaje de los flagelos, acompañamos los reclamos de los distintos actores del sistema judicial que se están manifestando y solicitamos se debatan respetuosamente con los involucrados, las sucesivas reformas a llevar adelante a futuro».
Ante esta situación, la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) adhiere al comunicado de la Asociación Civil de Defensores Públicos de la Provincia de Santa Fe y de la Asociación de Defensores Públicos Penales Centro Norte de Santa Fe, destacando que «en todo el territorio de la República Argentina se pueda actuar garantizando el acceso a la justicia de los más vulnerables, en miras a lograr una defensa cierta, efectiva, adecuada y sustancial de los derechos de los asistidos».