En un comunicado, la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) expresó su repudio por los actos de amenazas, de público conocimiento, sufridos por el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, con motivo de la investigación de hechos llevados a cabo por organizaciones delictivas vinculadas con la narcocriminalidad y el crimen organizado.

Con la firma del flamante presidente Adolfo Sánchez Alegre, y del secretario general Diego Stringa, la entidad manifestó que «hechos de esta naturaleza resultan intolerables en el marco de un Estado de Derecho, respetuoso de las garantías personales y de las instituciones de la Democracia. Toda acción violenta que pretenda condicionar el normal funcionamiento del Poder Judicial o Ministerio Público, a fin de procurar la impunidad en los procesos penales en trámite, deben ser debidamente investigadas y sancionadas».

La entidad que nuclea defensores públicos de todo el país destacó y ratifcó «el compromiso inclaudicable por el pleno funcionamiento y defensa de las instituciones democráticas e independientes, en un irrestricto respeto por la legalidad y el debido proceso, expresando nuestra solidaridad a quien fuera víctima de intimidaciones por cumplir con su labor».