Adolfo Sánchez Alegre en representación de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) expuso de manera virtual en la sesión extraordinaria sobre el «Rol de la Defensa Pública oficial en la Justicia en Asuntos Ambientales» de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La sesión se desarrolló en formato mixto en el Salón Libertador Simón Bolívar de la Casa de las Américas de la ciudad norteamericana de Washington el jueves 13 de febrero con la participación de defensoras y defensores públicos de toda la región.
«La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 23/17 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. También se pronunció en múltiples ocasiones al afirmar que el «derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal».
En este sentido, el presidente de ADePRA, Adolfo Sánchez Alegre, disertó en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), presidida por la Embajadora Claudia Escobar Mejía, Representante Permanente de Guatemala ante la OEA, donde enumeró casos ya resueltos por la CIDH: el
Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina; 2020); en el Caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y otros vs.
Nicaragua (2024) y en el Caso Pueblo Indígena U’wa y sus miembros vs. Colombia (2024), y más recientemente el Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú (2023).
«El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales `Protocolo de San Salvador´, que en su artículo 11 establece el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, estableciendo en cabeza de los Estados la obligación de promover la protección, preservación y mejoramiento del mismo», explicó el titular de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina.
El defensor público de Salta también destacó que en el año 2018, 24 países de la región firmaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú. «El objeto del Acuerdo es contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, garantizando los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales», sentenció Sánchez Alegre explicando la importancia de la legislación americana en materia de derechos ambientales en la región.
El rol de la defensa en los conflictos ambientales
En el cierre de su disertación, el titular de ADePRA explicó que la Defensa Pública Oficial «tiene la responsabilidad de representar a quienes carecen de recursos para afrontar los gastos de abogados particulares, incluyendo grupo de personas o comunidades afectadas por la degradación ambiental. Su rol es fundamental para asegurar que las voces de los más vulnerables sean escuchadas en los procesos judiciales y adquieran visibilidad».
En esa línea, pregonó que los defensores reciban capacitación continua para actuar en diversas áreas como la litigación de casos de contaminación, la defensa de derechos territoriales de comunidades indígenas y la promoción de políticas públicas que protejan el medio ambiente así como bregó para que los desafíos en materia ambiental que enfrenta la Defensa Pública Oficial puedan superar los obstáculos visibles la falta de recursos y la capacitación especializada en temas ambientales.
DISERTACIÓN COMPLETA ANTE LA OEA