Misión

- Defiende la plena vigencia de los Derechos Humanos y de las garantías reconocidas por los Acuerdos, Tratados e Instrumentos Internacionales, así como por las Constituciones y las Leyes internas vigentes.

- Exige, difunde y promueve el servicio de la Defensa Pública como un derecho constitucional de los habitantes del país, como un deber y obligación indelegables impuestos por el Estado por mandato constitucional y legislación supranacional y como derecho inherente e interdependiente del Acceso a Justicia.

- Fomenta y promueve la formación, capacitación y perfeccionamiento profesional de los Defensores Públicos a fin de fortalecer su función como garantes del Acceso a justicia de los sectores más vulnerables.

- Proyecta, acompaña y busca fortalecer estratégicamente los procesos de Reformas Constitucionales y Legales en las diferentes jurisdicciones a efectos de lograr una defensa pública integral, independiente, proactiva, autónoma y autárquica conforme lineamientos de la OEA y Organismos internacionales de DDHH.

- Reivindica la justa, digna e intangible remuneración de los Defensores Públicos.

- Asiste, defiende y representa a los Defensores Públicos ante los diferentes organismos, instituciones y tribunales ante dificultades generadas por el ejercicio de su función.

- Denuncia e interpone las acciones pertinentes en instancias nacionales e internacionales ante injerencias arbitrarias, persecución administrativa y/o judicial personal, funcional o institucional que coarte o busque limitar y/o amedrentar el ejercicio de la defensa pública conforme estándares internacionales de independencia y autonomía funcional.

- Construye espacios propios –locales y regionales- de debate, análisis e intercambio de experiencias, a fin de capacitar y fortalecer los roles y la actividad funcional de los asociados.

- Impulsa ámbitos de estudio e investigación, como base de planificación, formulación y evaluación de políticas efectivas relacionadas con la Defensa Pública Oficial.

- Fomenta la cooperación y el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas y conocimientos técnicos entre los integrantes de las Defensorías.

- Diseña sus políticas institucionales e integra sus órganos, con criterio federal.

- Visibiliza la necesidad ineludible de incorporar a la defensa pública como institución en todo foro, mesa o ámbito de discusión donde se definan políticas públicas para grupos en situación de vulnerabilidad.